El Tratado de Alta Mar entra en vigor tras casi veinte años de negociaciones, convirtiéndose en un marco jurídico obligatorio para 83 partes. El acuerdo busca proteger la biodiversidad en aguas internacionales mediante la creación de áreas marinas protegidas y la regulación del uso sostenible de los recursos genéticos marinos. Además, establece evaluaciones de impacto ambiental y promueve la transferencia de tecnología, con el objetivo global de salvaguardar al menos el 30% del océano para 2030.
Este pacto se asienta sobre la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero la refuerza al establecer el primer marco integral para gobernar la alta mar, hasta ahora regulada de forma fragmentada. Su entrada en vigor convierte un espacio considerado “lejano oeste” en un ámbito de responsabilidad compartida que limita la explotación y prioriza la conservación. Organizaciones como Greenpeace y WWF lo consideran uno de los mayores avances ambientales desde el Acuerdo de París.
